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22/03/17

Manifiesto de alcaldes y alcaldesas de Aragón por el agua pública en el Día Mundial del Agua.

En la víspera del Día Mundial del Agua en un descanso de la Caravana en la localidad de Calatayut la Red de Agua Pública de Aragón ha difundido el Manifiesto por el Agua Pública firmado por 15 alcaldes y alcaldesas de distintas localidades aragonesas. Por encima de las diferencias políticas prevalece la denuncia de un Plan de Saneamiento insostenible que no ha tenido en cuanta las verdaderas necesidades de los vecinos de nuestros pueblos y ciudades ni ha respetado el papel y las competencias de sus ayuntamientos. Desde la Red de Agua Pública agradecenel gesto de estos alcaldes y alcaldesas que han sido capaces de plantear una alternativa unitaria para reconducir, de manera justa y sostenible, el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Por otra parte comunican que la RAPA se ha dirigido a todos los partidos políticos aragoneses para pedirles la formación de una comisión parlamentaria que investigue el desarrollo del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Manifiesto: Ante la obligación europea de depurar las aguas usadas, la DGA aprobó el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón para cuya aplicación pidió e incluso presionó a los Ayuntamientos para que le cedieran sus competencias en materia de depuración. La mayoría de los municipios – aunque no todos, como Zaragoza, Fabara, Bielsa y otros – las cedieron. Con esas competencias en su poder, la DGA creó el Instituto Aragonés del Agua (IAA) y privatizó esos servicios, por comarcas. Las empresas adjudicatarias tenían que buscar financiación y construir las depuradoras para luego gestionarlas durante 20 años. La DGA por su parte, creó un nuevo impuesto, el ICA (Impuesto de Contaminación de las Aguas), con el que preveía pagar esos contratos a las empresas. Sin embargo, este proceso de privatización del agua ha acabado ofreciendo un saneamiento muy caro; del orden de cuatro veces el de otros territorios similares en estructura poblacional, como Castilla-La Mancha o Castilla-León, con planes no privatizados. El IAA sobre-dimensionó y sobre-tecnificó las depuradoras, desoyendo las instrucciones oficiales al respecto para municipios con menos de 3000 habitantes. Estos sobrecostes, que multiplican hasta por tres la factura del agua, han supuesto el colapso del sistema, especialmente en las comarcas pirenaicas, donde las empresas adjudicatarias aún no han construido las depuradoras, y por tanto están incumpliendo sus contratos. En este contexto, los Alcaldes y Alcaldesas abajo firmantes, DENUNCIAMOS: o El Plan de Saneamiento ha supuesto un proceso de privatización del agua en Aragón, así como una aplicación del ICA tan arbitraria como injusta. o Los pueblos que cedieron competencias a la DGA y no disponen de depuradoras se sienten estafados porque se les cobra el ICA, al incumplir las empresas sus contratos, agravada al tener que pagar los Ayuntamientos máximo canon de vertido a la CHE, por no depurar, y multas por no tener depuradoras, cuando las competencias son de la DGA. o 140 M€ que envió Madrid hace años, para construir las depuradoras del Pirineo, como “Obras de Interés General del Estado”, fueron desviados por la DGA para otras obras, y sin embargo hoy, el mismo Ministerio que aceptó ese desvío de fondos, impone multas a los Ayuntamientos, por no tener las depuradoras que él debía de haber construido. o Muchos pueblos fueron presionados, y los que no cedieron competencias han sido objeto de represalias. A algunos, como Bielsa, que no cedió competencias, se les licitó, a nuestro entender, de forma ilegal, la depuradora y se les cobra el ICA. o En Uesca, Teruel y cabeceras de comarca, que disponen de depuradoras propias (pagadas por la UE), cuya gestión se ha privatizado, el ICA supone entre 3 y 6 veces lo que les costaría a los Ayuntamientos gestionarlas. o Los vecinos de Zaragoza, que no cedió competencias, así como otras poblaciones de Aragón, se verán obligados a pagar el ICA, además de haber pagado sus depuradora los Ayuntamientos en una doble imposición injusta que, en el caso de Zaragoza, está recurrida ante el Constitucional. Por todo ello, DEMANDAMOS: 1- Que las Cortes de Aragón reformen sin demora la Ley de Aguas y Ríos de Aragón de forma que deje de ser una Ley que ampara a las empresas privadas y desampara la situación económica y la gestión pública de los Ayuntamientos. En la medida que la DGA cobre el ICA a los vecinos de un municipio, esos fondos deben aportarse para la construcción y gestión de la depuración en esos municipios, hayan cedido o no sus competencias. La Ley reformada debe atender con prioridad y con incentivos a los Ayuntamientos que, ejerciendo sus competencias, consigan ofrecer servicios de saneamiento eficaces y más económicos. 2- Que la DGA denuncie los contratos que las empresas vienen incumpliendo desde hace años, exigiendo los daños y perjuicios causados a los Ayuntamientos que cedieron competencias; que facilite la recuperación de competencias por parte de los Ayuntamientos que lo soliciten, y les facilite, en línea con la reforma legal exigida, el debido amparo y apoyo para construir y gestionar sus depuradoras sobre la base del ICA que les cobra a sus vecinos; y que reconozca como deuda de la DGA hacia esos Ayuntamientos, el ICA (y el canon de saneamiento) pagado, sin tener depuradoras, a la DGA y el canon de vertido pagado a la CHE. 3- Que se complete la auditoría de la Cámara de Cuentas sobre el Plan, de forma que se valoren, se analicen y se cuantifiquen opciones legales y económicas ante estos incumplimientos, se estudie la inconsistencia de los proyectos que han encarecido el ICA, por sobredimensionamiento y sobre-tecnificación, y se valoren las consecuencias de la nulidad de pleno derecho de la licitación de depuradoras por parte de la DGA sin haber recibido la cesión de competencias por parte de Ayuntamientos como el de Bielsa. FIRMAN EL MANIFIESTO: Isabel Guillén Tapia, Alcaldesa de San Juan de Plan, Aitor Clemente Guillén, Alcalde de Aguaviva. Pedro Bello Martínez, Alcalde de La Puebla de Hijar. Pedro Santisteve Roche, Alcalde de Zaragoza. Marta de Santos Loriente, Alcaldesa de Murillo de Galligo. José Torralba Marcuello, Alcalde de Biscarrués. Lurdes Ascaso Dieste, Alcaldesa de Sahún. Miguel Guiu Royo, Alcalde de Pastriz. Rubén Marco Armingol, Alcalde de Mallén. Luis Solana Garcés, Alcalde de Artieda. Daniel Périz Vizcarra, Alcalde de Lalueza. Miguel Noguero Mur, Alcalde de Bielsa. Francisco Domenech Villagrasa, Alcalde de Fabara. Javier Samitier García, Alcalde de Mianos. Luis Terrén Sanclemente, Alcalde de Villanúa. Fernando Sanchez Morales, Alcalde de Canfranc. José Álvaro Salesa Puente, Alcalde de Castiello de Chaca. Enrique Pueyo García, Alcalde de L’Ainsa. Fuente: http://arainfo.org/

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Asociación de Fundaciones Privadas de Conservación de la Naturaleza.

Las fundaciones para la conservación de la naturaleza son una herramienta esencial para protección de la biodiversidad y la participación social


La Asociación de Fundaciones Privadas de Conservación de la Naturaleza (AFN), constituida en febrero de 2012, nace de la necesidad de defender la especificidad de las fundaciones conservacionistas de base privada, animándonos a trabajar en red para compartir experiencias, y de tener una representación unificada ante las administraciones públicas y otros operadores.

Agrupa a un total de 16 entidades que se reparten por la distinta geografía española y abarcan numerosas áreas de actuación en materia de conservación de la naturaleza.

Son entidades privadas de interés general que cumplen un papel determinante en la sociedad. En nuestro país, las fundaciones de conservación y ambientales son actores esenciales en la protección del medio ambiente, canalizando fondos, tanto públicos como privados, que contribuyen a facilitar el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, tal como contempla nuestra Constitución.

En este sentido, colaboran con los poderes públicos para velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.

Los principales fines de la AFN son los siguientes: - Representar y defender los intereses colectivos de las fundaciones de conservación de la naturaleza. - Fortalecer la colaboración entre las fundaciones asociadas de cara a lograr una mayor eficacia en las actividades de conservación. - Defender la participación de la sociedad civil y en concreto de las fundaciones, en la formulación, seguimiento y ejecución de las estrategias y las medidas de conservación.



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