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NOTICIAS


23/02/17

España incumple a la hora de vigilar los espacios naturales protegidos por la Ley.

El informe del auditor establece que la gestión de la Red Natura 2000 de protección ambiental en la Unión Europea "no fue suficientemente buena" España es el segundo país con más lugares calificados de importancia natural tanto en extensión como en porcentaje de territorio. España no cuida suficientemente los espacios naturales protegidos por la ley europea, según ha analizado el Tribunal de Cuentas Europeo. En un informe sobre la gestión de la Red Natura 2000, el organismo ha constatado la ausencia de "evaluaciones sistemáticas y completas" a la hora de autorizar proyectos que afectaran a hábitats protegidos. En todos los lugares españoles de importancia ambiental evaluados por el tribunal –no concretados en el documento–, se llevaron a cabo proyectos o actuaciones que exigían evaluarse cuidadosamente ya que podían "afectar de forma apreciable" a los "objetivos de conservación". De la decena de proyectos analizados (a los que el auditor no pone nombre), ninguno contó con ese examen exhaustivo. Sin embargo, proyectos de esta características son, por ejemplo, la mina de uranio en el oeste de Salamanca o la de magnesita en el hayedo de Zilbeti (Navarra). Según el auditor comunitario, este es un problema extendido ya que concluye: "Los Estados miembros visitados no evaluaron adecuadamente los proyectos que afectaban a lugares Natura 2000". Los inspectores visitaron cinco estados de la Unión Europea par establecer si la gestión, financiación y vigilancia "eran adecuadas". Lo que pone de manifiesto el informe es que las administraciones ambientales españolas (desde el Ministerio a las comunidades autónomas) sí han declarado como protegidos los diferentes ecosistemas pero luego los han dejado caer en cierto olvido. El tribunal argumenta y constata que no se hace un seguimiento de los planes de gestión que permiten mantener en buen estado los espacios y que hay falta de planes de vigilancia de estos hábitats (aunque sí reseña que se hacen "algunas acciones de vigilancia"). Como conclusión general, el documento asegura que "es necesario dedicar más esfuerzo a la implantación de la red". En el caso de España es una necesidad de calado ya que es el segundo país con más extensión de territorio adscrita a Natura 2000: más de medio millón de kilómetros cuadrados lo que supone el 27% del suelo. Están declarados 1.4448 Lugares de Importancia Comunitaria y 985 Zonas de Especial Conservación. Pero no se las vigila como debería. Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-vigila-espacio-naturales-protegidos_0_614888758.html

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Asociación de Fundaciones Privadas de Conservación de la Naturaleza.

Las fundaciones para la conservación de la naturaleza son una herramienta esencial para protección de la biodiversidad y la participación social


La Asociación de Fundaciones Privadas de Conservación de la Naturaleza (AFN), constituida en febrero de 2012, nace de la necesidad de defender la especificidad de las fundaciones conservacionistas de base privada, animándonos a trabajar en red para compartir experiencias, y de tener una representación unificada ante las administraciones públicas y otros operadores.

Agrupa a un total de 16 entidades que se reparten por la distinta geografía española y abarcan numerosas áreas de actuación en materia de conservación de la naturaleza.

Son entidades privadas de interés general que cumplen un papel determinante en la sociedad. En nuestro país, las fundaciones de conservación y ambientales son actores esenciales en la protección del medio ambiente, canalizando fondos, tanto públicos como privados, que contribuyen a facilitar el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, tal como contempla nuestra Constitución.

En este sentido, colaboran con los poderes públicos para velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.

Los principales fines de la AFN son los siguientes: - Representar y defender los intereses colectivos de las fundaciones de conservación de la naturaleza. - Fortalecer la colaboración entre las fundaciones asociadas de cara a lograr una mayor eficacia en las actividades de conservación. - Defender la participación de la sociedad civil y en concreto de las fundaciones, en la formulación, seguimiento y ejecución de las estrategias y las medidas de conservación.



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