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12/09/12

El águila no tiene quien la cure.

“A día de hoy hay muchos animales heridos o enfermos que se mueren porque no hay ni medios ni personal para atenderlos, curarlos y devolverlos al medio natural”. Lo dicen técnicos, veterinarios, biólogos y voluntarios de centros de recuperación de fauna de toda España que hacen lo que pueden por intentar salvar de una muerte segura a águilas, búhos, buitres, ginetas, erizos o tortugas. Los recortes en este apartado han mermado las plantillas y medios de instalaciones en muchos casos modélicas, que no solo curan a animales, sino que desarrollan programas de cría y reintroducción de especies amenazadas y otros de educación ambiental. El goteo de pérdidas de inversión y personal se produce desde hace dos años, pero la alarma se intensificó a finales del pasado 2011, cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha decidió prescindir del equipo de veterinarios que gestionaba los cuatro centros de esta Comunidad Autónoma . Uno de los afectados es el Centro de estudios de rapaces ibérica, que cuenta con una línea paralela de trabajo en torno a la cría del águila imperial ibérica (en peligro de extinción). La parte que gestiona la recuperación de fauna en general ha perdido a dos de sus tres veterinarios, y Ecologistas en Acción denuncia que ya se han cometido sacrificios de animales por no poder atenderlos. Desde la Consejería de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha justifican los recortes por la crisis económica y “la alta deuda que tiene la región heredada de la anterior etapa” y reconocen que en cada centro ha quedado solo un veterinario y un técnico de manejo. “La disminución del personal contratado no debe conllevar una merma en la asistencia a la fauna que llega a los centros, dado que ahora se utiliza de apoyo al personal propio de la Consejería”, apuntan. Sin embargo, los colectivos afectados consideran que ese personal no está capacitado, ya que procede de organismos agrarios o ganaderos, no de fauna silvestre. La Consejería defiende, sin embargo, que “está cualificado profesionalmente para ese trabajo y se le ha proporcionado algún curso de formación al objeto de facilitar y adelantar su incorporación”. La Coordinadora Nacional de Centros de Recuperación (Concer), que agrupa a más de cuarenta instalaciones públicas y privadas, incluidos los centros de cría, es la principal denunciante de esta situación. A principios de año emitió un comunicado en el que afirmaba que “las decisiones de algunas comunidades autónomas de recortar y en muchas ocasiones de anulación taxativa de presupuestos para los centros, clausurando algunos de ellos, junto con la devaluación del profesional vinculado a este sector, ha abierto una crisis sin precedentes, que pone en serio peligro una actividad avalada por la sociedad y por una amplia cobertura legal, como es la asistencia especializada a las especies silvestres catalogadas. Después de un proceso de más de treinta años nunca se había llegado a una situación ni tan siquiera parecida”.“Esa situación permanece e incluso se ha agudizado”, apunta Álvaro Guerrero, miembro de Concer y portavoz de Acción por el Mundo Salvaje (Amus), que gestiona en Villafranca de los Barros (Badajoz) uno de los hospitales de fauna salvaje más emblemáticos de España, un centro privado que dirige una ONG. Guerrero indica que a pesar del recorte de las subvenciones, no han dejado de atender a ningún animal para el que les han solicitado ayuda. "Lo hacemos gracias a la colaboración de voluntarios y donaciones, demostrando que la sociedad le vuelve a dar una lección a nuestros gobernantes a la hora de apostar por la conservación de la fauna amenazada”. Sin embargo, la falta de ayudas sí ha cortado las actividades externas al hospital: “No podemos hacer refuerzo de poblaciones en el medio natural ni programas de reproducción y cría”, denuncia. Desde Andalucía, cuya red de centros de recuperación de especies amenazadas (CREA) se ha puesto muchas veces como modelo de gestión, también llueven las críticas. Aquí se denuncia el recorte de presupuesto, más que el de personal, y se pone como ejemplo a las instalaciones de El Boticario, en Málaga, especializado en aves carroñeras, donde ya no tratan a los ejemplares irrecuperables, antes mantenidos con fines reproductores o educativos. La Junta se limita a afirmar que están optimizando los centros para hacerlos más eficaces, “priorizando la atención a las especies según su estado de conservación”. ¿Eso quiere decir que aquellas que no estén amenazadas no van a recibir atención? “Ahora mismo nos encontramos en un momento de reuniones para dar una información más completa”, contestan. No hay una cifra oficial de los animales que pasan al año por estos centros en toda España, pero según estimaciones tomadas a partir de algunos de los más importantes (el de Amus, Grefa y Brinzal en Madrid y los doce repartidos entre Castilla-La Mancha y Andalucía) la cifra ronda los 40.000 ejemplares, sean golondrinas y erizos o buitres negros y linces ibéricos. También hay que contar con la importante labor de emergencia que realizan en momentos puntuales, como en el caso de la catástrofe del Prestige en las costas gallegas. En pocos meses, el centro de Oleiros (A Coruña) atendió a 1.500 aves marinas cubiertas de fuel. En Grefa, que en 2011 celebró su 30º aniversario, destacan el trabajo paralelo de conservación: reintroducción del buitre negro en el pirineo catalán, control de la expansión de tortugas exóticas y liberación de galápagos europeos autóctonos, recuperación del águila real en Galicia, reintroducción del buitre leonado en Sicilia. Desde Concer son conscientes de que “muchos de los logros conseguidos e incluso la normativa generada desde que estas especies pasaron a estar amparadas por la ley (años 70 del pasado siglo), puede quedar seriamente dañada”. Por este motivo, no van a cesar hasta que “no se ponga en valor por parte de las administraciones competentes el papel que desempeñan los centros de recuperación de fauna en el sostén de la naturaleza y en el futuro desarrollo económico de España”, especialmente por su vinculación al turismo de naturaleza. Fuente: El País (11-9-2012).

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Asociación de Fundaciones Privadas de Conservación de la Naturaleza.

Las fundaciones para la conservación de la naturaleza son una herramienta esencial para protección de la biodiversidad y la participación social


La Asociación de Fundaciones Privadas de Conservación de la Naturaleza (AFN), constituida en febrero de 2012, nace de la necesidad de defender la especificidad de las fundaciones conservacionistas de base privada, animándonos a trabajar en red para compartir experiencias, y de tener una representación unificada ante las administraciones públicas y otros operadores.

Agrupa a un total de 16 entidades que se reparten por la distinta geografía española y abarcan numerosas áreas de actuación en materia de conservación de la naturaleza.

Son entidades privadas de interés general que cumplen un papel determinante en la sociedad. En nuestro país, las fundaciones de conservación y ambientales son actores esenciales en la protección del medio ambiente, canalizando fondos, tanto públicos como privados, que contribuyen a facilitar el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, tal como contempla nuestra Constitución.

En este sentido, colaboran con los poderes públicos para velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.

Los principales fines de la AFN son los siguientes: - Representar y defender los intereses colectivos de las fundaciones de conservación de la naturaleza. - Fortalecer la colaboración entre las fundaciones asociadas de cara a lograr una mayor eficacia en las actividades de conservación. - Defender la participación de la sociedad civil y en concreto de las fundaciones, en la formulación, seguimiento y ejecución de las estrategias y las medidas de conservación.



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